jueves, 4 de junio de 2015

Escrache a Lamberto, jefe de la represión en Rosario

La Coordinadora Antirrepresiva Rosario (C.A.R.), integrada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, de trabajadores, sociales y barriales, ante la nueva ocupación de la ciudad por tropas militarizadas de la Genarmería Nacional, que en acción conjunta con la Policía Provincial, y con la excusa de “pacificar” los barrios, vuelven a someter especialmente a los sectores más carenciados a la presión armada, ha decidido realizar un escrache al inmediato responsable de los operativos que restauran los procedimientos públicos de mayor similitud con el  terrorismo de Estado, el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto.
Sin que haya mediado ni la más mínima admisión de las cientos de denuncias por los atropellos  cometidos, efectuadas durante lo que prodríase llamar la primera invasión de Rosario, se insiste en someter nuevamente al pueblo a la soberbia de tropas conjuntas que se potencian mutuamente para desplegar su ya habitual soberbia represiva.
                       Se marchará para señalar al mismo Lamberto, figura central del único Gobierno provincial  acusado por un delito emblemático de la Dictadura Genocida, como es el caso de Desaparición Forzada de Persona de Franco Casco, que contribuye a la comisión de tal delito de Lesa Humanidad garantizando la permanencia de los policías implicados hasta el día de hoy, es decir, operando para la impunidad.
                       Sin embargo, Lamberto se esmera, con la ayuda del Gobierno Nacional, en declarar que los crímenes los comete el pueblo y por ello declaran conjuntamente que ni siquiera el narcotráfico -en el que se encuentra implicada la Policía santafesina principalmente- será objeto de investigación, sino que esto será una redada de pobres que identifica -junto con Sergio Berni- con los habitantes de los barrios declarados violentos, es decir, lo que se denomina comúnmente, criminalización de la pobreza.
Es además el creador de:
PAT (POLICIA DE ACCION TACTICA) que debutó con el asesinato de Jonatan Herrera el día 4 de enero de 2015 en Barrio Tablada.
POLICIA COMUNITARIA  que debutó con el intento de asesinato (tiro en la nuca) de Matías Caballero el día 3 de setiembre de 2014 en barrio Las Flores.
PDI (POLICIA DE INVESTIGACION), tradicional encubridora de todo delito que comete la banda policial (caso Perassi, caso Dante Fiori, etc)
Sostenedor de la POLICIA SANTAFESINA responsable de la desaparición forzada de Franco Casco, convirtiendo al gobierno provincial en el primero en ser acusado de un delito considerado de LESA HUMANIDAD.
                           Por estas y muchas razones el viernes 5 de Junio a las 18 hs. Convocamos a concentrarse en Oroño y Mendoza para marchar hasta su domicilio de calle Mendoza al 2600 en la ciudad de Rosario.



                   COORDINADORA ANTIRREPRESIVA ROSARIO  (CAR)

sábado, 30 de mayo de 2015

Escrachamos a Raúl Lamberto, Ministro de Seguridad de Santa Fe




ESCRACHAMOS A LAMBERTO POR….
*El nuevo DESEMBARCO DE TROPAS DE OCUPACIÓN a la provincia de Santa Fe destinadas a
los barrios más carenciados, que evidencia un avance en la criminalización de la pobreza.

*El aparato 
Represivo que es usado en campaña y siguiendo la prioridad del Gobierno de los
Partidos Patronales y para debilitar, hostigar y disciplinar a los que luchan para brindarles tranquilidad
a los GRANDES EMPRESARIOS, LA PATRIA SOJERA Y LAS MULTINACIONALES.

*Es un nuevo acuerdo entre el PARTIDO SOCIALISTA Y EL KIRCHNERISMO (aplaudido por los
demás partidos empresariales como el PRO) implementando una escalada represiva contra los sectores
populares y la militancia.

C.A.R. (Coordinadora Antirrepresiva Rosario)






RAUL LAMBERTO, JEFE DE LA REPRESION, ACORDÓ LA 2da OCUPACION MILITAR DE ROSARIO Y AHORA DE LA PROVINCIA.
CREADOR DE:

*PAT (Policía de Acción Táctica)
: Debuto con el asesinato de Jonatan Herrera el día 4 de enero
del 2015 en el barrio Tablada

*Policía Comunitaria: Debutó con el intento de asesinato (ya que le dieron un tiro en la nuca) de Matías Caballero el día 3 de septiembre del 2014 en el barrio Las Flores.

*PDI (Policía De Investigación): Tradicional encubridora de todo delito que comete la Banda 
Policial (Caso Perassi, Caso del asesinato de Dante Fiori por parte de uno de ellos)

SOSTEN DE:

*La Policía que comente un crimen como la desaparición forzada de Franco Casco; convirtiendo 
al Gobierno Provincial en el primero en ser acusado por un DELITO CONSIDERADO DE LESA HUMANIDAD.

CONVOCAMOS AL ESCRACHE A LAMBERTO EL DIA VIERNES 5 DE JUNIO A LAS 18HS EN OROÑO Y MENDOZA




martes, 19 de mayo de 2015

“Conocé los derechos que la cárcel no te quita”

(APL) Dos cátedras de Derecho Penal de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, la Red Corrientes de Derechos Humanos, el Colectivo Solidario Yajá Porá (personas en situación de cárcel) y las Bibliotecas Abiertas en Contextos de Encierro, comenzarán un relevante proyecto en los próximos días, que se desarrollará en la Unidad Penal 1 y la U-3, de varones y mujeres, respectivamente, ambas ubicadas en el capital provincial. Ante la devastación que sufren presos y cautivas en las prisiones argentinas, el programa instala herramientas para capacitar a privados de libertad en defensa de los derechos conculcados, al tiempo que tendrá impacto sobre los familiares, quienes habitualmente son víctimas de una condena que los incluye. Así, esta militancia del Taragüí suma a todas las iniciativas artísticas que realizó en los últimos tiempos, una más de participación colectiva que cruza la férrea separación impuesta por los muros.
Red de Derechos Humanos
Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos (RDH) es una luchadora, que hace más de una década se volcó a esta pelea. Las denuncias de la organización que preside, dieron cuenta una y otra vez, sobre la política represiva que se encarniza con los más pobres en todas las prisiones correntinas que hoy superan el millar de detenidos. Un largo camino de vínculos extramuros fue necesario para implementar el Proyecto “Conocé los derechos que la cárcel no te quita”, a punto de lanzarse en el marco de la Convocatoria “La Universidad en el Medio”.
Sobre el eje del proyecto, Hilda subrayó que: “apunta fundamentalmente a realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades jurídicas insatisfechas en las poblaciones penales. Incluye relevamiento de datos, a partir de la participación de referentes de distintos pabellones de las unidades que recabaran la información consultando a sus compañeros. Y en base a las respuestas se trabajará en la redacción – adaptación del material bibliográfico de base, “Manual Práctico para Defenderse de la Cárcel” al contexto local. Y también se capacitará a “operadores de derecho en contexto de encierro” a través de talleres didáctico-participativos”.
Respecto a lo novedoso del programa, Hilda señaló que: “Es muy valorable el ingreso de las cátedras de derecho penal a trabajar con y para la población penal, en una propuesta integradora y horizontal que nos da la posibilidad de derrumbar prejuicios, desacartonar la formación de los estudiantes y poner blanco sobre negro lo que significa ‘la cárcel real’ y la deshumanización que entraña”.
Finalmente, la coordinadora de la Red, resaltó que: “otra propuesta interesante es la de incluir el penal de mujeres y poder transitar allí un camino, hasta ahora bastante difícil y casi infranqueable de reconocimiento de derechos. Es un espacio inaccesible hasta ahora para realizar tareas de integración y de proyección de emprendimientos similares a los que realiza Yaja Pora. Porque sucede que bajo una supuesta “protección” de los derechos de las mujeres (puestas como seres inferiores que requieren ser MÁS tuteladas que los varones y que hay que cuidar cual pimpollitos de rosa), se esconden mayores vulneraciones de derechos, desigualdad de oportunidades en el acceso al estudio, al trabajo, a la posibilidad de salidas culturales, de ejercicio plenos de sus derechos
Daniel Lezcano de Yahá Porá
La Unidad Penal 1 encierra a unos 500 presos y es la principal cárcel de Corrientes. Precisamente, desde allí nació el grupo Yahá Porá creador de artesanías, huertas, películas, pinturas, talleres, solidaridades y vínculos con el afuera, plasmado – por caso-, en el enorme mural en el centro de la ciudad, coordinado por artista Alejandro Pizarro, meses atrás, cuando aún no había recuperado su libertad. Hoy, Daniel Lezcano, uno de los referentes actuales de Yahá Porá, explicó a la APL el significado del Proyecto: “Para nosotros implica ingresar a una nueva realidad, porque despertamos de una a la cual nos tenían atrapados a casi la mayoría por muchísimo tiempo, haciéndonos creer que no teníamos derecho a nada, cuando realmente si los tenemos. ¿Por qué si no dónde estaría la supuesta “resocialización”? Momentáneamente, a lo único que no tenemos derecho es a la libertad ambulatoria. Pero si a estudiar, trabajar, participar de eventos culturales, salud, lugar de detención digna, al respeto que merecen nuestra familias y de eso se trata lo que vamos a poner en marcha”, remarcó.
A la vez, Lezcano sostuvo que: “Un cambio posible es que todos los internos dejaríamos de nadar siempre contra la corriente, siendo todo más accesible pudiendo llegar de manera más fácil a nuestros sueños, si se aplicara el derecho a que toda persona privada de libertad tiene por ejemplo, al estudio. Yo en un futuro seria licenciado en sistema sin importar mi condena. Y ese es solo un ejemplo conmigo, que así hay muchos más, que conforman cantidad de muchachos que podemos cambiar nuestro futuro y el de las familias”.
Impacto
De acuerdo a lo expresado por los organizadores, el Proyecto tendrá un impacto directo en quienes asistan a las capacitaciones y, luego, en el resto de la población carcelaria a través de la transmisión a los compañeros de lo aprendido en los talleres. A la vez, impulsará la generación directa de presentaciones por derecho propio, así como las gestiones en general vinculada a demandas sociales, educativas y sanitarias. 
Por otra parte y teniendo en cuenta que los contenidos que se abordarán están ligados a la vinculación familiar, también se espera un impacto en las familias de los presos. 
Valiosa iniciativa de la militancia correntina que pone el foco en los más vulnerables impulsando la autogestión y la solidaridad.

viernes, 20 de febrero de 2015

Pronunciamiento de los compañeros de CORREPI en el ENA

 Fiscales y jueces del 18 de febrero:
Dos mentiras no construyen una verdad.
El 18 de febrero mucha gente marchó detrás de hombres y mujeres de la Justicia, cuyas historias individuales resumen sus quiebres y requiebres con el poder de turno al que sirven lealmente, hasta que aparece alguna otra versión en el horizonte. Algunos de los que se encolumnaron con ellos y los aplaudieron, quizás creyeron de buena fe que marchaban por verdad y justicia, o que homenajeaban a alguna especie de mártir.
Con estos sistemáticos profesionales de la impunidad y el encubrimiento, nadie puede esperar verdad y justicia. Ninguno de ellos se preocupó jamás por verdad y justicia para los trabajadores, a los que persiguen y condenan si se organizan y defienden lo que es suyo; ni por verdad y justicia para los pibes fusilados por la policía; para los presos torturados en cárceles y comisarías o para los desaparecidos desde 1983 hasta hoy. Estos son algunos ejemplos:

1. Los Centauros:
A principios de los ‘90, unos 20 fiscales del fuero criminal se agruparon bajo el liderazgo del veterano Norberto Quantín, integrante del aparato judicial desde 1958. El entonces fiscal de cámara era conocido por su extremismo religioso, al punto que repudió a una sobrina, a la que había conseguido un puesto en la fiscalía de su lugarteniente José María Campagnoli, porque se casó con un divorciado.
Otro que integraba el grupo era Pablo Lanusse, el fiscal que se hizo famoso durante el menemismo por la causa del contrabando de oro y el ataque que denunció, cuando lo secuestraron por un rato y apareció con la palabra “oro” tajeada. Tiempo después, resultó que uno de los involucrados en el delito era Antonio Lanusse, familiar directo del fiscal.
No se sabe bien si ellos mismos se denominaron Los Centauros, o si fue un aporte de la prensa, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a circular una explicación plausible: Eran Centauros por la cabeza de fiscal y el cuerpo de patrullero, como graficó por entonces una viñeta en un diario nacional, y como confirmamos con cada causa por torturas o por fusilamientos de gatillo fácil que sistemáticamente archivaron.
En mayo de 2003, los dos centauros principales fueron convocados por Néstor Kirchner para secundar a Gustavo Béliz en el ministerio de Seguridad. Así, los fiscales Quantín y Campagnoli, secretario y subsecretario de Seguridad, fueron los Berni de la época, y dirigieron epopeyas represivas como el operativo de la PFA el 16 de julio de 2004 en la Legislatura porteña, contra la manifestación que trataba de impedir el endurecimiento del código contravencional, que concluyó con 17 presos políticos por más de dos años.
Unos meses antes, el 19 de abril de 2004, el trío Béliz-Quantín-Campagnoli había presentado en público el “Plan Estratégico sobre Justicia y Seguridad”, el aporte del gobierno kirchnerista a la Cruzada Blumberg, con una serie de proyectos que iban desde la reforma manodurista de los códigos penal y procesal penal a la disolución de la SIDE y la creación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ¿les suena?), pasando por varias de las leyes antiterroristas promulgadas desde entonces hasta 2010 por el congreso nacional.
El tercer centauro, Pablo Lanusse, tampoco estuvo lejos de la gestión de Néstor Kirchner. Entre 2003 y 2004, fue secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios en el ministerio de Justicia, y luego fue enviado como interventor federal a Santiago del Estero.
Campagnoli y Lanusse  fueron dos de los fiscales que encabezaron la marcha del 18 de febrero, convocada para homenajear al también fiscal Alberto Nisman.

2. Los encubridores de los crímenes de lesa humanidad de Alfonsín.
Unos cuantos años antes, en 1989, la justicia federal, a la que ya pertenecía Nisman, mostró la hilacha en el amañado proceso contra los trece sobrevivientes del ataque al cuartel de La Tablada, los seis militantes capturados fuera (el “grupo de agitación”) y el cura Puigjané. Los fiscales que intervinieron en la instrucción y el juicio, Juan Martín Romero Victorica y Raúl Pleé; el juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere (cuyo juzgado era conocido como “la cueva de los servicios”), y los camaristas federales de San Martín, Hugo Fossati, Marta Herrera y Jorge Barral, silenciaron sistemáticamente las denuncias por torturas, y obturaron toda posible investigación por el fusilamiento y desaparición de detenidos con vida, hecho hoy rotundamente probado y tardíamente en trámite de instrucción.
Larrambebere designó a un hombre de su confianza para que actuara como secretario “ad hoc” en el cajoneo de esas denuncias: un tal Natalio Alberto Nisman, que ya entonces evitaba su primer nombre, y sería mejor conocido en el futuro como Alberto Nisman. El 23 de enero de 1989, el fiscal que hubiera debido intervenir era Santiago Blanco Bermúdez, pero estaba de licencia, por eso le tocó el turno a Romero Victorica. Por esas vueltas al parecer nada casuales de la vida, hoy Blanco Bermúdez es el abogado del ubicuo espía Antonio/Jaime Stiuso/Styles.
Romero Victorica y Pleé llegaron a la Cámara Federal, donde fueron colegas de Germán Moldes, el mismo que instó hasta el infinito la acusación contra los dirigentes de la FUBA, que habían sido acusados y absueltos por la toma del Rectorado durante una protesta estudiantil en 2008.
Pleé y Moldes también fueron convocantes de la marcha del 18 de febrero, a la que asistió en lugar destacado Romero Victorica, para homenajear a otro de los encubridores de las torturas, ejecuciones y desapariciones de La Tablada.

3. Los de la coima de Pedraza.
El 20 de octubre de 2010, una patota de la burocracia sindical, apoyada por la patronal ferroviaria y las policías federal y bonaerense, atacó a balazos una manifestación de trabajadores tercerizados. Mariano Ferreyra fue fusilado, Elsa Rodríguez recibió un tiro en la cabeza y otros dos militantes resultaron heridos de bala. Cuando la habitual reticencia judicial empezó a ser vencida por la fuerza de la movilización popular, parte de la patota fue detenida y se empezó a cerrar el cerco sobre los jefes de la Unión Ferroviaria, José Pedraza y el “Gallego” Fernández.
Una formidable maniobra de tráfico de influencias reunió a un ex juez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini; al ex agente de la SIDE y asesor de la Presidencia Juan José Riquelme y al prosecretario de Casación Luis Ameghino Escobar. El objetivo era que, en plena feria judicial, la Cámara de Casación revocara la prisión preventiva y el procesamiento de la patota. El precio, “cincuenta mil verdes”, como se escuchó una y mil veces en la grabación de las conversaciones telefónicas de los participantes del intrincado esquema, cuya piedra angular era que la causa quedara radicada ante la sala integrada por Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, que era a la que Aráoz de Lamadrid aseguraba tener “buena llegada”.
El camarista federal Eduardo Riggi, involucrado en la causa de coimas, también marchó el 18 de febrero.

4. El ministro de Seguridad de Scioli.
Carlos Stornelli es otro especialista en perseguir trabajadores, militantes y cualquiera que se organice para defenderse, al mismo tiempo que se esmera en proteger funcionarios, salvo cuando los inminentes cambios de viento lo motivan a reorientar su velamen. En 1999, el ministro del Interior difundió un informe oficial de “eficiencia policial” que indicaba que, en el barrio de Once, la policía había detenido 12.500 personas en 1998, y 1.300 en los primeros 26 días de 1999, todos sin acusaciones por delitos, sino por averiguación de antecedentes o contravenciones. El detalle adicional era que el 90% eran inmigrantes latinoamericanos, la mayoría peruanos. CORREPI denunció a la comisaría y a todos los funcionarios responsables por esas detenciones arbitrarias. El fiscal Stornelli instó la desestimación de la denuncia por “inexistencia de delito”, y justificó que la policía hiciera sus razzias en un “universo de inmigrantes ilegales”.
En mayo de 2006, varias organizaciones piqueteras  protestaron frente a la sede central de Repsol YPF, reclamando la rebaja del valor de la garrafa. El fiscal Stornelli pidió al juez Galeano que la policía federal llevara a cabo tareas de inteligencia sobre los grupos manifestantes para poder pedir capturas. El mismo año, pero en septiembre, Stornelli pidió la elevación a juicio de la causa contra los militantes de Quebracho, el MTR-Cuba y la FTC que habían repudiado la presencia del enviado del FMI, Rodrigo Ratto, en el ministerio de Economía en 2004.
Unos años antes, fue el fiscal que impulsó la causa del “complot” contra De La Rua, usando como “prueba” una hoja del cuaderno de apuntes de nuestro compañero, el militante Carlos “Petete” Almirón, encontrado en la mochila secuestrada junto a su cuerpo cuando fue asesinado en la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. La hoja de cuaderno contenía el esquema para una charla de formación en un comedor popular, con puntos como “por qué la organización, qué es la lucha, qué es el cambio social, por qué el Hombre Nuevo”.
Antes de las elecciones de octubre de 2007, tras rechazar el ofrecimiento de Mauricio Macri para ocupar el cargo de procurador de la ciudad de Buenos Aires que sí aceptó su colega de la justicia criminal Luis Cevasco-, Stornelli anunció que sería el ministro de Seguridad del gobernador en ciernes, Daniel Scioli. Tenía para entonces fluidos lazos con el kirchnerismo, al punto que, en la causa por sobornos y sobreprecios de la empresa Skanska, anticipó a su amigo Aníbal Fernández que iba a citar a los funcionarios involucrados (Ulloa y Madaro), cosa de que fueran convenientemente echados antes de entrar a Comodoro Py.
Hasta la crisis de 2010, que Scioli conjuró unificando los ministerios de Justicia y Seguridad bajo el comando de Granados, Stornelli fue el responsable político de la policía bonaerense por orden y cuenta del hoy presidenciable Scioli, pero no resignó sus otros vínculos. Nombró como su colaboradora cercana a la mujer del barra brava de Boca Rafael Di Zeo, por entonces preso, y fue jefe de seguridad del club dirigido por Macri, trabajito compartido con su amigo Pleé.
Por su parte, Cevasco, que como fiscal argumentó una vez que el homicidio del joven hincha de Vélez Germán Barbaresi no valía una acusación, porque “el fútbol no es un deporte de caballeros como el rugby”, es, hasta hoy, una de las cabezas del Ministerio Público de la justicia de la Ciudad.
Stornelli fue de los más enfáticos convocantes de la marcha del 18 de febrero, a la que no faltó el fiscal Cevasco.

5. Los que condenan trabajadores y protegen represores.
Muchos otros marcharon también, como el jefe de la UEJN y secretario de DDHH de la CGT de Moyano, Julio Piumato, que terminó siendo el único orador del acto y responsable de la fornida seguridad que formó “corralitos” para separar a los familiares de Nisman de los funcionarios judiciales, y a éstos de los políticos y el resto de la gente.
Estuvieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, Ricardo Sáenz, Carlos Donoso Castex y Jorge López Lecube; los jueces y camaristas Juan Carlos Gemignani, Jorge Gorini, Ezequiel Berón de Astrada, César Osiris Lemos, José Martínez Sobrino, Marcelo Gallo Tagle, Miguel Ángel Caminos, Diego Barroetaveña, Mariano Borisnky, Eduardo Riggi, Luis Salas, Diego Guardia, Sergio Paduczak, Leopoldo Bruglia, Adriana Pallotti, Julio Panelo, Gregorio Corach, Ricardo Farías y Gabriela Ruiz; fiscales de otras jurisdicciones como Alberto Losada (Córdoba) y Julio Piaggio, de La Plata, o Martín Ocampo de la CABA, y ex jueces y fiscales como Raúl Madueño, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz. Y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, claro.
De todos ellos hay mil historias para contar, pero digamos simplemente, para no aburrir, que siempre que pueden protegen a los suyos, y que cuando excepcionalmente no lo logran, porque la movilización popular y la lucha los acorralan y deben liberar un luchador o condenar a un represor, se cuidan bien de dejar a salvo al estado, preservando su buen nombre y honor, junto con la gobernabilidad democrática.

6. Ni con éstos, ni con los otros.
Tampoco hay verdad y justicia en la otra vereda de la familia judicial, la de los que siguen, por ahora al menos, fieles al gobierno kirchnerista, el campeón de los derechos humanos, con sus 2.778 asesinados mediante el gatillo fácil y la tortura; con 20 asesinados en la protesta social; con los petroleros de Las Heras condenados a prisión perpetua y miles de trabajadores sometidos a proceso penal por organizarse; con sus patotas de la burocracia sindical, sus uniformados militarizando los barrios, sus desaparecidos y sus leyes antiterroristas para perseguir la militancia.
Unos y otros son los jueces y fiscales que nos acusan de “presionar a la justicia” cuando nos movilizamos por la libertad de un compañero o por la condena de un represor; los que persiguen a cuanto trabajador se organice y vaya a la huelga, tome una fábrica o haga un piquete. A ninguno hemos visto ni veremos jamás defendiendo algo que no les convenga a ellos y a sus mandantes del poder, respondan a una u otra fracción de la burguesía.
Así como la suma de dos mentiras no resulta en una verdad, ni con unos ni con otros encontrará el pueblo trabajador ni un tantito así de justicia.

viernes, 19 de diciembre de 2014

La policía del código de faltas y el gatillo fácil allanó casa de compañeros de Fogoneros Córdoba.

Suscribimos y reproducimos comunicado de denuncia de la COORDINADORA ANTIRREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADDHH) en el ENCUENTRO NACIONAL ANTIRREPRESIVO (ENA):

La policía del código de faltas y el gatillo fácil allanó casa de compañeros de Fogoneros Córdoba.
Finalizada la multitudinaria marcha que frenó el intento de modificar el Código de Faltas, cambiándole el nombre y agravando penas, el poder político busca represalias.
En horas de la mañana del día viernes 19 de diciembre de 2014, fue allanada la casa de la organización Fogoneros, que integra la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, y que jugó un rol activo en la organización de la lucha contra la reforma del Código y por su anulación definitiva.
Policías de la Provincia que llegaron en un auto de civil, abrieron la puerta de la casa a patadas y con barreta, e ingresaron por la fuerza y a punta de pistola. Ante el pedido de explicaciones de los allí presentes, apuntaron con la 9mm mientras decían que no tenían nada que explicar y que “todos contra la pared”. Con múltiples amenazas, sin testigos (uno de los policías actuó a su vez como testigo) y sin presentar orden alguna, comenzaron a revolver la casa y a recoger volantes, prensas de las organizaciones, y objetos vinculados a la actividad política.
Finalmente, y ante la insistencia de los compañeros que permanecían a merced de la prepotencia de la policía, un agente exhibió la orden donde constaba una denuncia sobre supuesto robo en la propiedad lindante.
Este espacio allanado es también sede de numerosas reuniones. La misma Coordinadora Antirrepresiva se ha reunido en el edificio, como también lo han hecho las organizaciones que luchan contra la instalación de Monsanto, la Multisectorial en Lucha, por nombrar solo algunas referencias.
También esto se da, no sólo luego de las últimas movilizaciones contra el Código de Faltas, sino también un día después de la actividad en solidaridad con los Presos Políticos de Corral de Bustos en el penal de Villa María donde participó la Coordinadora Antirrepresiva , como también a nuestra participación esta semana acompañando a la familia de Nicolás Nadal, joven asesinado por gatillo fácil, como lo venimos haciendo con todas las familias de los pibes asesinados por la policía.
La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos hace responsable a las autoridades judiciales, al Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba y al Gobernador, por este ilegítimo allanamiento. Llama a la solidaridad de todas las organizaciones, a nivel provincial y nacional, y advierte que irá hasta las últimas instancias para anular el maldito Código de Faltas, herramienta legal que habilita el delito policial y la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Ni el gobierno nacional con su gendarmería, ni los gobiernos provinciales con sus narco-policías, serán suficientes para frenar la lucha antirrepresiva y la acción organizada del pueblo que lucha en contra del poder de los capitalistas.
Frente a la represión: organización, unidad y lucha.
COORDINADORA ANTIRREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADDHH) EN EL ENCUENTRO NACIONAL ANTIRREPRESIVO (ENA)
Contactos Prensa:
153061126 (FOGONEROS)
152953644 (CADDHH)

viernes, 31 de octubre de 2014

A Franco lo mató la policía

En el día de ayer, horas antes del comienzo de la movilización convocada por familiares de Franco Casco junto a organizaciones políticas, sociales, sindicales, antirrepresivas, de derechos humanos, estudiantiles , etc. fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, que hoy fue reconocido por los padres de Franco como el de su hijo.
 Los 24 días que Franco estuvo desaparecido fueron utilizados para desacreditarlo, conseguir testigos que decían haberlo visto deambulando por la ciudad, arrancar los carteles pidiendo información sobre su paradero en las inmediaciones de la comisaría 7º donde estuvo detenido, etc., tratando de ocultar lo que se iba consolidando como la principal hipótesis: que la policía era responsable de la desaparición.  Esta policía que encabeza el ranking de muertes por gatillo fácil en el país en proporción a la cantidad de habitantes, es la que cotidianamente detiene, tortura, asesina y desaparece. La política que ejecuta encuentra su origen en la necesidad del estado de controlar y disciplinar socialmente y tiene como destinatarios a los sectores más vulnerables de la sociedad y entre ellos a los más jóvenes y pobres.
Todavía con las repercusiones  de la aparición del cuerpo de  Luciano Arruga, con la familia de  Franco  que se puso al frente de la búsqueda y las organizaciones que nos movilizamos, logramos romper el cerco mediático que se impone en la mayoría de los casos y hacer visible un hecho que se da frecuentemente en las barriadas rosarinas como es la desaparición de personas y el asesinato a manos de la policía. Así, Franco Casco, un pibe laburante de Florencio Varela,  pasa a engrosar la lista de los asesinados por la policía santafesina, a cargo hoy de Bonfatti.
A la represión del  estado la seguiremos enfrentando con organización y lucha, hasta que no haya más pibes asesinados como Franco. 

CADH  - Comisión Antirrepresiva y por los DDHH

 en el


ENAEncuentro Nacional Antirrepresivo

martes, 28 de octubre de 2014

Marchamos a la comisaría 7º exigiendo aparición de Franco Casco


Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos, antirrepresivas,  sociales, gremiales, y políticas convocan este Jueves 30 de Octubre a las 18 hs a la movilización que partirá desde San Nicolás y Salta (cruce Alberdi) hasta la Comisaría Séptima, para exigir la aparición con vida del joven Franco Casco desaparecido el 6 de Octubre luego de estar detenido en dicha seccional. Han transcurrido 21 días y no hay respuestas sobre el paradero de Franco.
COMISIÓN POR LA APARICIÓN CON VIDA DE FRANCO CASCO